La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)  ha presentado este lunes una querella ante la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula del Banco Popular, a la que acusa de presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores. «Los pequeños accionistas no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión de las entidades», dice.

Los miles de accionistas minoritarios y poseedores de bonos y deuda subordinada que perdieron su dinero tras decretarse la resolución del banco «invirtieron en el Banco Popular por confiar en una información auditada, pública y supervisada», asegura la OCU, que asegura representadar a más de 9.500 pequeños accionistas que se han puesto en contacto con su organización, de los 305.000 accionistas afectados.

«La OCU quiere que todos los accionistas y bonistas sean indemnizados y llevar a los responsables ante la justicia. Pedimos que se abran diligencias y se depuren responsabilidades», ha explicado a los medios de comunicación en la puerta de la Audiencia Nacional el abogado encargado de la querella, Eliseo Martínez.

La tramitación de la querella ha recaído en el titular del juzgado central de instrucción n 4, Fernando Andreu, el mismo que ha investigado el caso Bankia.  La OCU no descarta emprender acciones por otras vías además de la penal.

«Las cuentas en la ampliación no eran reales»

La entidad amplió capital por 2.500 millones en 2016 con una cuentas que garantizaban su viabilidad. Pero ese año acabó presentado pérdidas de 3.485 millones y la semana pasada acabó siendo intervenida.

La portavoz de la organización, Ileana Izverniceanu asegura que resulta «evidente» que las cuentas de la entidad «no eran reales» cuando se amplió capital el verano pasado y que el folleto de la ampliación, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no reflejaba la imagen fiel de la entidad.

Por eso la OCU no solo se ha querellado contra los antiguos administradores del Banco Popular —el expresidente Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena y el exvicepresidente Roberto Higuera—, sino también con la auditora de sus cuentas, el PriceWaterhouseCoopers y el socio firmante, Francisco Barrios. En su mira no está sin embargo el último presidente de la entidad, Emilio Saracho,al frente de la entidad desde diciembre de 2016 y al 7 de junio.

Además, Izverniceanu señala a los organismos reguladores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y «por supuesto a Economía; habrá que preguntarle al señor Luis de Guindos, que decía que el Banco Popular era solvente, qué ha ocurrido en dos semanas». El ministro da explicaciones este mismo lunes en el Congreso.

«El perjuicio causado a los accionistas por el Popular resulta inaceptable», asegura la organización. «Es preciso garantizar y defender los intereses de los miles de inversores y accionistas minoritarios que se han visto gravemente perjudicados por la completa pérdida de valor de los títulos y depurar las responsabilidades, si las hubiera, de todos los que han intervenido de una u otra manera en esta operación».

La organización abre su plataforma a los inversores perjudicados que quieran adherirse y estudia «otras vías posibles, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los afectados obtener una compensación por el perjuicio sufrido». En esa línea, solicita al Ministerio de Economía y al Banco de España un mecanismo extrajudicial inmediato.