La resolución del Popular decretada por el Banco Central Europeo y su venta al Santander por un euro, abre una ventana de dudas sobre cuál será el futuro de la entidad presidida por Emilio Saracho, si se integrará con su marca propia en el Santander o desaparecerá como tal y, sobre todo, el impacto que tendrá sobre los accionistas y depositantes de la entidad.

Soy accionista, ¿qué pasa con mis títulos?

Malas noticias. Las acciones del Popular han dejado de tener valor tras la resolución comunitaria. El Mecanismo Único de Resolución (MUR) —creado en 2014 para atajar nuevos rescates bancarios— diseñó una salida para bancos insolventes en la que accionistas y bonistas serían quienes respondieran primero ante una resolución y así evitar que una liquidación bancaria la pagasen los clientes o el contribuyente.

Y es lo que ha pasado en el Popular. El capital social —que ahora asciende a unos 2.100 millones de euros— se va a reducir a cero mediante la amortización de los 4.200 millones de acciones en circulación «con la finalidad de constituir una reserva voluntaria indisponible». En otras palabras más simples: los accionistas (más de 300.000) van a perder el 100% de su inversión, que se dedicará a tapar las pérdidas del Popular.

A los accionistas solo les quedaba una esperanza: que el peritaje de la resolución dictaminara que habrían perdido menos dinero de haber ido a un procedimiento concursal. Pero el diagnóstico ha sido el opuesto. «Por esta razón, no hay lugar al pago de compensación alguna», explica el Frob.

Pero decían en los últimos meses que el banco era solvente…

Así es. El Popular amplió capital por 2.500 millones hace apenas un año y acudieron tantos accionistas ya existentes (para no ver diluida su inversión) como nuevos inversores atraídos por la posibilidad de que la entidad remontase el vuelo con esa inyección, que la dirección consideraba suficiente para cubrir las pérdidas que le iba a suponer las necesarias provisiones para sus 38.000 millones en activos tóxicos del ladrillo.

 

Saracho —que ha sido destituido como presidente— ha defendido hasta el último momento que la entidad era «solvente», a pesar de que presentó una pérdida histórica de 3.485 millones de euros en 2016 y en el primer trimestre de 2017 añadió otros 137 millones de números rojos. No es lo que ha considerado el Banco Central Europeo. El regulador estima que es «inviable» («failing or likely to fail«, según la clasificación que usa el supervisor) y que «el deterioro de su liquidez en los últimos días le llevaría en un futuro a no poder pagar sus deudas«.

Su diagnóstico se ha comunicado a la Junta de Resolución. Y esta ha determinado la resolución del Popular —la primera de una entidad europea desde que entró en vigor el Mecanismo— y su posterior venta al Santander por un euro porque «no existen perspectivas razonables de que otras medidas alternativas puedan impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable y por ser una medida necesaria para el interés publico«.

¿Llegará el asunto a los tribunales?

Puede ser uno de los asuntos en litigio en los próximos meses. Los accionistas podrían acudir a los tribunales si se consideran engañados al haberles pedido 1,25 euros por acción en la ampliación de 2016, mientras que ayer cerraban a 0,32€, en su última sesión antes de que la CNMV suspendiese hoy su cotización. El Popular se despidió del parqué con una capitalización de 1.335 millones, es decir, la mitad de lo que ingresó con su última ampliación.

«Es una buena operación para nuestros accionistas, por eso pedimos que acuden a la ampliació de capital», ha dicho en rueda de prensa su presidenta, Ana Patricia Botín, sobre su primera operación corporativa tras relevar en el liderazgo de la entidad a su padre, fallecido en 2014.

Fuentes del mercado aseguran que el dinero necesario para cubrir el agujero del Popular era de 3.000 millones, así que si ahora el Santander pide en el mercado 7.000 millones para «cubrir capital y reforzar el balance», será también para tener en cuenta estos futuros litigios.

¿Y esto no se vio venir desde la Administración?

Esa es otra cuestión. El accionista descontento puede alegar que la entidad superó el año pasado los test de estrés a los que le sometió la Autoridad Bancaria Europea, incluso antes de haber realizado la ampliación de capital. Y también que el Banco de España y la CNMV hayan permanecido parados ante el derrumbe reciente de las acciones de la entidad.

Soy cliente del Popular, ¿esto me afecta?

No. La compra del Santander asegura, precisamente, que los depósitos no corren peligro. El Popular no desaparece, sus clientes y sus depósitos se integrarán en la nueva entidad. «Es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad», ha señalado el ministro de Economía Luis de Guindos.

¿Habrá que poner dinero público?

Tampoco. Este ha sido uno de los triunfos precisamente del Gobierno, que ahora se felicita en una nota remitida a los medios de que el rescate del Popular se ha llevado a cabo «sin la utilización de recursos públicos» y sin que vaya a suponer un «contagio entre riesgo soberano y bancario, como ocurrió en épocas pasadas». El portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, pide sin embargo la comparecencia urgente del ministro para explicar «los pormenores de esta operación y por qué se ha llegado a este punto de hacer inviable el Banco Popular».

¿No había otra solución?

La entidad estaba en una difícil tesitura. Hace unos meses se enfrentaba a tres salidas: una nueva ampliación de capital, su venta a otra entidad… o la resolución. La primera quedó descartada tras despeñarse su acción un 50% en los cinco últimos días, como muestra del miedo y del desinterés que mostraban ya los inversores ante la entidad.

 

Así que la solución final ha sido una mezcla de las otros dos: resolución y venta. No había más alternativas, teniendo en cuenta que el perito independiente designado por el BCE había valorado al Popular con un escenario central negativo de -2.000 millones… y de hasta -8.200 millones en el escenario más estresado.

¿Y por qué se vende al Santander?

La venta se aceleró porque, según sañala el Frob, se contaba con poco tiempo «por razón de la urgencia de la situación» y porque entrar un procedimiento concursal dilatía los plazos. Finalmente el Santander se ha hecho con el Popular a cambio de la cifra simbólica de un euro —y una futura ampliación de capital para cubrir pérdidas y provisiones— porque su oferta «ha sido la única que cumplía los requisitos para su admisión».

¿Cómo beneficia esta compra al banco presidido por Ana Botín?

El Santander lo considera una «oportunidad única» para consolidarse en España y en Portugal. Con la compra convierte en el primer banco de España en activos, en recursos de clientes y en crédito. Además se hace con una entidad con un 17% de cuota de mercado en el sector de las pymes, que son un motor de la recuperación económica. Ahora, con la integración, la suma de ambos copa el 25% y dobla al siguiente competidor.

 

«La adquisicion encaja en nuestros objetivos estratégicos: nos complementa geográficamente y nos ofrece un incremento significativo en el negocio de pymes, que ha sido siempre el fuerte del Popular», ha explicado Botín.

¿Y qué pasa con todos los activos tóxicos del ladrillo que tenía el Popular?

Pasan a formar parte de la cartera del Santander. De ahí la ampliación de capital, necesaria para dotar provisiones para posibles insolvencias. Según Botín la intención dotar 7.200 millones de euros adicionales, deshacerse de la mitad de esos 38.000 millones de activos tóxicos «en los próximos 18 meses» y elevar la cobertura desde el 45% hasta el 69%, un porcentaje superior al 52% de media en el sector. La presidenta del Santander confía en que la coyuntura económica ayude a lograrlo, especialmente por la espera «subida en los próximos años del precio de la vivienda y los tipos de interes».

¿Todo esto es bueno para España?

Todos los organismos internacionales, desde el FMI hasta la propia Comisión Europea, han urgido recientemente a España a avanzar en las fusiones bancarias para dotar de mayor solvencia al sistema financiero, así que la compra del Santander va en esa línea. «Esta operación da certidumbre al sistema financiero y es una muestra de nuestro compromiso con España«, ha asegurado Botín. «Es buena para España, para Europa y va a contribuir al crecimiento económico de nuestro país».

¿Se despedirá a trabajadores?

En cualquier operación de fusión, la búsqueda de sinergias lleva aparejada una reducción recursos redundantes. Botín calma de momento a los trabajadores del Popular: «Nada cambia, los clientes tendrán las mismas sucursales y el mismo nivel de servicio», asegura la presidenta del Santander. El sindicato UGT exige en todo caso al Gobierno que tome «las medidas necesarias para evitar que se destruya empleo».

El Popular ya anunció el año pasado un ajuste de 2.600 empleados (el 20% de la plantilla) y ahora, tras la venta, se puede producir un nuevo un recorte. De hecho, el Santander admite en su presentación que se producirá una «optimización de la red combinada de sucursales», otra de «los servicios centrales» y una mejora de la eficiencia de costes. El coste de la reestructuración se estima en 1.300 millones de euros.