Un inmueble urbano que no constituya la vivienda habitual del contribuyente, que no genere rendimientos de capital inmobiliario y que no se encuentre afecto a una actividad económica genera lo que se denomina una renta presunta o imputación de renta inmobiliaria.

Así, aunque dicho inmueble no genere una renta real, se debe imputar una renta anual en la declaración del IRPF equivalente al 2% del valor catastral, o 1,1% si el valor catastral se hubiera revisado en los 10 años anteriores. Si el inmueble no hubiera estado en el patrimonio del contribuyente el año completo o hubiera estado alquilado parte del año, la imputación de renta inmobiliaria se debe prorratear en función de la parte del año que el inmueble haya estado «a disposición de sus titulares».

Sobre el rendimiento presunto resultante no se podrá deducir gasto alguno, y se sumará al resto de rendimientos que se integran en la base general del IRPF, como salario, rendimientos de actividades económicas, rendimientos del alquiler de inmuebles y otras imputaciones de renta.

Puede dar se caso de que el inmueble haya estado parte del año «a disposición de sus titulares» y parte del año alquilado. En este caso generará dos tipos de renta diferentes, en proporción al tiempo en que han estado en cada situación, y dichas rentas se han de incluir (las dos) en la declaración de renta.

Hemos de tener en cuenta que si bien la imputación de renta inmobiliario que hemos comentado no permite la deducción de gastos, la declaración de ingresos por alquileres  si que permite deducir los gastos necesarios relacionados con dichos ingresos, como son tributos, reparaciones, intereses de capitales ajenos, amortización, gastos comunitarios, seguros, y cualquier otro relacionado con la actividad de alquiler.

Incluso puede darse el caso de que el resultado final sea negativo, con lo que restará al integrarse en la base imponible general del IRPF.