En 2013 un despacho de abogados de Mallorca presentó una denuncia ante la Comisión Europea sobre la normativa española que se recoge en la declaración regulada por el modelo 720.

En febrero de 2017, la Comisión Europea emite un “Dictamen motivado”, dirigido al Reino de España, por posibles incompatibilidades de la normativa del modelo 720 con el Derecho de la Unión Europea.

Básicamente, la discrepancia está en tres aspectos:

1.- La no presentación de la declaración, u omisión de datos.

La normativa tributaria general es España establece una sanción de 200 euros por la no presentación de una declaración.  Si la declaración se presenta voluntariamente fuera de plazo, la sanción es de 100 euros.

En el caso del modelo 720, las sanciones correspondientes son de un mínimo de 10.000 euros en el primer caso, y de 1.500 euros en el segundo. Considera la Comisión que las sanciones son totalmente desproporcionadas en relación con la normativa general, pues estas sanciones son entre 15 y 50 veces superiores, sin justificación alguna.

2.- No prescripción.

La norma española considera que los bienes no declarados se considerarán ganancias patrimoniales, sin posibilidad de prescripción. La Comisión mantiene que la no prescripción se aplica únicamente en delitos de genocidio, y otros delitos penales similares, y en terrorismo, que son mucho más graves que los aquí contemplados, de fraude o evasión fiscal, o simplemente de omisión en el envío de información.

La administración española no acepta la prueba de que los bienes se poseen desde un ejercicio ya prescrito.

La Comisión acepta la posibilidad de aplicar un plazo de prescripción mayor, pero no la no prescripción.

3.- Importe de la multa pecuniaria proporcional.

La Comisión opina que la multa pecuniaria del 150 % vinculada a la no presentación de la declaración es desproporcionada.

En efecto, en el caso general, en caso de no declaración, la agencia tributaria impone un recargo sobre la cuota (no sanción) del 20%.  La normativa del modelo 720 prevé  aplicar sanciones de hasta el 150 %.

En la normativa interna española, la sanción suele ser del 50 %. Cuando se demuestre que existe ocultación, reiteración, o utilización de medios fraudulentos, la sanción se puede incrementar hasta el 150 %.  En el caso del modelo 720, la sanción puede ser directamente del 150 %, sin necesidad de que la administración deba demostrar la culpabilidad, mala fe, etc. del contribuyente.

En resumen, la Comisión concluye que las medidas analizadas restringen las libertades fundamentales de la Unión Europea, concretamente las siguientes:

  • Libre circulación de personas
  • Libre circulación de trabajadores
  • Libertad de establecimiento
  • Libre prestación de servicios
  • Libre circulación de capitales.

En el documento se da un plazo de dos meses a la administración española para que modifique la normativa.

El documento no fue hecho público por el Ministerio español, sino que fue mantenido en secreto. Ha sido en las últimas semanas de diciembre que, a raíz de un proceso judicial, y a requerimiento de la Audiencia Nacional,  cuando ha salido a la luz.

Evidentemente, el plazo de dos meses ha pasado, y la normativa no se ha modificado. Esto  abre la puerta a diversas posibilidades:

  • Denuncia de la Comisión Europea contra España ante el Tribunal de Justicia.
  • Que los órganos administrativos y judiciales españoles flexibilicen su postura para acercarse a la doctrina europea.
  • Que ante un caso concreto, y ante la falta de una normativa clara, el órgano judicial español formule directamente una pregunta al Tribunal Europeo.

Suponemos que estamos en la fase final del problema. Es de esperar que en los próximos meses se tomen decisiones que, necesariamente, han de suponer la modificación de la normativa del modelo 720.